Imagen: tomada de www.cec.org.co

Colombia ha convivido con la bestia negra de la corrupción desde los albores de su novel historia. Casos como la ignominiosa y barata indemnización a Colombia, recibida de Estados Unidos, por la cesión de Panamá (1903); el irregular manejo de las rentas del café exportado en los años treinta; la famosa “ventanilla siniestra” del Banco de la república en los setentas y la oleada de “baratas” privatizaciones de activos públicos en los años noventa, mediadas todas por sobornos e irregularidades, han configurado un modus operandi, intrincado en la res pública criolla desde sus inicios. 

En junio de 1929, una protesta originada en la destitución del alcalde de Bogotá y en diversos atropellos cometidos por el gobierno departamental estremeció a la Hegemonía Conservadora. La protesta no fue solo de estudiantes; importantes fracciones de los partidos políticos, sectores populares urbanos y notables socios de los clubes de alta alcurnia en la ciudad exigieron la destitución del ministro de Obras, del gobernador y del jefe de la Policía Nacional, Carlos Cortés Vargas, principal responsable material de la masacre de las bananeras. Una movilización estudiantil frente al Palacio de la Carrera (actual Casa de Nariño) fue recibida con descargas de fusilería. Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, resultó víctima. Su masivo sepelio, realizado el 8 de junio, obligó al gobierno nacional a conceder las peticiones e inició la caída del régimen imperante.