Conmemorar el 9 de abril. La indignación es importante pero no suficiente.

Escrito por el abril 9, 2019

Foto: M. Carolina Alfonso. Trujillo-Valle del Cauca. 2015

Foto: M. Carolina Alfonso. Trujillo-Valle del Cauca. 2015

“Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador, y asesinó a la 1:30 minutos. al salir de su oficina, al doctor Jorge Eliecer Gaitán, ubicada entre las calles 14 y 15 con carrera séptima. ¡¡¡Aló, aló fuerzas liberales izquierdistas de Colombia!!!, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República, a favor del movimiento revolucionario (…) Policía liberal del Tolima, por motivos de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliecer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país, así nos apoderamos de la Radio Difusora Nacional y de los principales sectores del gobierno. Un enorme pelotón de la policía y el ejercito nos custodia, apodérense del gobierno sin temor, para derrocar a este infame gobierno, ¡¡¡viva el partido liberal!, ¡a la carga!, ¡a la carga!, ¡a la carga policía liberal del Tolima¡¡¡

Registro Sonoro 11 – Toma De La Radio Nacional

09 De Abril 1948(1)

Por: María Carolina Alfonso

Así registraba la radio los hechos acontecidos el 9 de abril de 1948, mientras la capital ardía luego de asesinato del abogado y líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el país se adentraba en la llamada época de la violencia (1948-1954), que liberales y conservadores protagonizaron en ciudades, pueblos y veredas, dejando una estela de muerte, desolación, desplazamiento y pobreza. Las familias y antiguos vecinos, animados por sus partidos, liberal o conservador, por los discursos dominicales en las iglesias, movidos por intereses económicos o empujados por la muerte de sus familiares ingresan a las fuerzas de uno u otro bando. Surgen grupos armados conservadores como los pájaros en el Valle del Cauca y la policía Chulavita, en el norte de Boyacá, cuya misión principal fue conservatizar a sangre y fuego las regiones de presencia liberal. Por su parte en los llanos orientales se organizaron las guerrillas liberales, lideradas por Guadalupe Salcedo. Guerrillas que firmarían un acuerdo de paz con el gobierno del general Rojas Pinilla en 1954. En 1957 Guadalupe Salcedo fue asesinado en Bogotá y varios de sus hombres en los llanos.

De esta manera y con los hechos acontecidos en las décadas posteriores, el 9 de abril marca un hecho que registra el asesinato de un hombre, cuya muerte cambiaría la historia del país. El 9 de abril como una conmemoración a la luz del presente y de un conflicto armado que se transformó y extendió a la largo del territorio y durante más de 50 años, representa una fecha para la reflexión, para evitar el olvido, para exigir justicia, verdad, reparación y la no repetición, también para considerar a las víctimas del conflicto armado como sujetos de derechos y con ello como ciudadanos que en el marco del conflicto armado deben ser reparados y reconocidos por el Estado y la sociedad en general. Los testimonios de las víctimas que resultan impactantes y desgarradores, son resultado de un contexto social y político, de una historia de despojo y desplazamiento, de una historia de acumulación de tierras e intereses económicos, de una historia de corrupción que aún persiste.

Una historia que solo hasta el año 2011 reconoció a nivel jurídico la existencia de víctimas en Colombia. Esta ley es la 1448 de 2011 titulada “Ley de víctimas y restitución de tierras”, esto implico a su vez, reconocer por parte del Estado y el gobierno la existencia de un conflicto armado interno, es decir, la existencia de opositores políticos de carácter armado, de la participación y responsabilidad del Estado en el conflicto y con ello del necesario reconocimiento de las víctimas y la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Sin esta ley no habría sido posible el acuerdo de paz y reconocimiento de las víctimas, al respecto la ley establece;

“ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”(2)

Este marco jurídico, entre otras, posibilitó el inicio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en la Habana (Cuba) en el año 2012. De igual forma la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuya misión es “Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.” (3). Si embargo el actual director del Centro, Rubén Dario Acevedo, nombrado por el presidente Iván Duque el 21 de febrero de 2019, afirma que “el conflicto armado no existe”, dicha posición ha generado desconfianza y temor entre las organizaciones de víctimas quienes bajo el principio de buena fe e implementación de los acuerdos, entregaron al Centro miles de archivos con los registros de casos sistemáticos de violación a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.

Estas organizaciones de víctimas, que precedieron la creación CNMH, trabajaron durante décadas y enfrentaron tanto el silencio de las entidades del Estado y de los gobiernos de turno, como la complicidad de algunos de ellos con los victimarios. Los ciudadanos que decidieron organizarse para denunciar y exigir justicia, con el tiempo se configuraron en defensoras de Derechos Humanos, que recopilaron los testimonios y evidencias de modo tiempo y lugar en que sus familiares, conocidos o habitantes de sus regiones fueron desaparecidos, asesinados o torturados. Una de esas asociaciones es la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADES) fundada en 1982 y cuya primera manifestación pública se dio en 1983 “Ante la situación de insensibilidad, de no respuesta y de negación, los familiares de los detenidos-desaparecidos deciden aunar esfuerzos en la búsqueda, salieron por primera vez a la calle armadas y armados, con las fotos y los nombres de sus seres queridos escritos en pancartas, con el dolor ahogado en la garganta y sus voces exigiendo su aparición con vida, y el juicio y castigo a los culpables.”(4)

La verdad y la justicia estaban así presentes en las exigencias que esta y otras organizaciones y movimiento defensores de Derechos Humanos, sin embargo pasaron décadas sin ser reconocidos ni vinculados a procesos de reparación, verdad y justicia, pasaron décadas y con ellas la impunidad, la escalada de la violencia y las formas de victimización más atroces; masacres, desplazamientos, torturas, que de forma sistemática fueron implementadas para controlar a la población, los territorios y los recursos económicos allí existentes. El CNMH en su informe “Basta ya” (p.48), documenta estos hechos, a continuación presentamos uno de ellos, el caso de las masacres que presenta sus más altos picos entre 1995 y 2003 y cuyos perpetradores principales fueron los grupos paramilitares.

La masacre del Naya (2001) perpetrada por paramilitares del bloque Calima en el departamento del Cauca; la masacre del Salado corregimiento del Carmen de Bolívar (2008), perpetrada por paramilitares del bloque norte al mando de Salvatore Mancuso; la masacre del Aro (1997), perpetrada por paramilitares del bloque minero en el municipio de Ituango departamento de Antioquia; la masacre del Nilo (1991) perpetrada por paramilitares y policías en el Cauca contra indígenas reclamantes de tierra; La masacre de Bojaya (2002) resultado del enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC bloque José María Córdoba y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas en el Chocó, son solo algunas de las 1.981 masacres registradas por el CNMH ocurridas en el país y en las cuales la población civil ha sido la víctima.

Por lo que resulta no menos que inaceptable la afirmación del senador de la República Álvaro Uribe Vélez, quien frente al acuerdo firmado entre el gobierno y la MINGA luego de 26 días de paro afirmó; “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. La historia reciente del país evidencia que la búsqueda de la paz y la reconciliación por medio de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, no pueden ser alcanzados bajo premisas que legitimen la violencia y justifiquen prácticas que han desangrado al país y lo han llevado a una degradación del conflicto donde la población civil es la principal víctima. Un enfrentamiento armado donde existen dos actores en igualdad de condiciones es diferente a una masacre, donde un actor armado ataca a la población civil que indefensa, es asesinada.

Según datos del Registro Único de Víctimas, hasta 2018, en Colombia existían 8.708.664 millones de víctimas, más del doble de habitantes de un país como Uruguay. De estos un poco más de 7.000.000 millones, son víctimas de desplazamiento forzado y en los últimos años, el asesinato de líderes sociales, muchos de ellos, líderes de procesos de restitución de tierras que actúan en el marco de la Ley 1448, han sido objeto de atentados, secuestros y asesinatos a nivel nacional. Es así que las víctimas organizadas en asociaciones, en grupos de apoyo y aún reconocidas por el Estado, no cuentan con la garantías ni derechos contemplados tanto en la ley 1448, como en el acuerdo de paz firmado en el año 2016.

La implementación de los acuerdos que tienen como prioridad el reconocimiento de las víctimas y sus derechos, requiere además de marcos legales de recursos económicos y voluntad política para su implementación, es de anotar que en el actual plan de desarrollo ninguno de estos aspectos es contemplado. Por otro lado el reconocimiento de la víctimas y sus derechos debe superar la valoración netamente moral de los hechos, en la que la población que no ha sido víctima, o parte de ella,  siente empatía y tristeza por los hechos ocurridos, dejándolos por fuera de la comprensión histórica, los actores sociales participantes y la responsabilidad del Estado, lo que trae como consecuencia decisiones, acciones y formas de relación social que terminan validando el uso de la fuerza, el exterminio y el regreso a formas de violencia que se esperaban superadas con los acuerdos de paz.

Como lo señala la Doctora en Historia, profesora Sandra Rodríguez, en presentación para el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memoria, realizado en Bogotá en abril de 2019 “como lo plantea el mismo informa “Basta ya”, cuya estructura narrativa se basa en los testimonios de la víctimas, es indispensable desplegar una mirada que sobrepase la contemplación o reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas y que lo comprenda como resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables ante los cuales es preciso reaccionar. Ante el dolor de los demás la indignación es importante pero insuficiente; reconocer, visibilizar, dignificar y humanizar a las víctimas son compromisos inherentes al derecho a la verdad y la reparación y al deber de memoria del Estado frente a ellas.”

Las víctimas del conflicto armado, tanto aquellas que lograron sobrevivir a los hechos de violencia como las que no, son el testimonio de una historia de dolor que en muchos casos y por la sevicia con que actuaron los victimarios, parecen indecibles, aun así, no es el olvido o el silencio lo que nos ayudará a construir nuevos marcos de relación social y política, como tampoco desconocer los hechos, actores e intereses económicos y políticos que promovieron los hechos de violencia. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, son los mínimos que debemos alcanzar como sociedad.

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FUENTES:

(1)Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=vFuzBo2I9I0.

(2)Tomado https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf.

(3)Tomado:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica.

(4)Tomado: https://asfaddes.org/historia/.


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