Columnistas

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Rector Universidad Pedagógica Nacional

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A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada “Reforma Tributaria Estructural”.

Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización; obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía, de esta manera, elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y, con ello, el empleo.

Imagen tomada de: eltiempo.com

Decía Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Y tras ese propósito, Jaime Garzón Forero, en vida, mostró en sus dones y con creces la reivindicación de la risa. Pero no cualquiera; Jaime no era un humorista en el sentido laxo, usual, y a veces profano del término. La risa de Jaime tuvo la virtud de provocar amor por la espontaneidad con que también lo entregaba.   

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La Guerra de Indochina se inició cuando las aspiraciones coloniales de Francia cedieron ante los intereses de Estados Unidos en los años cincuenta del siglo XX. Para entonces, el emperador de Vietnam, Bao Dai, fue derrocado por Ngo Dinh Diem y Van Minh, grandes productores y comerciantes de opio.

A instancias de la CIA, los hombres de Diem empezaron a utilizar aviones norteamericanos para transportar armas y suministros en apoyo a las fuerzas del Kuomintang que enfrentaban a la revolución comunista en China. Las operaciones de regreso se utilizaron para cargar las aeronaves con opio, a la vista de todo el mundo, para financiar la naciente guerra en Laos y Camboya. Las compañías aéreas fueron popularmente bautizadas como "Air Opium". Algo similar a lo que ocurrió durante los ochenta en Centroamérica, cuando la CIA financió a la contra nicaragüense con la droga de narcos colombianos y mexicanos.

En junio de 1929, una protesta originada en la destitución del alcalde de Bogotá y en diversos atropellos cometidos por el gobierno departamental estremeció a la Hegemonía Conservadora. La protesta no fue solo de estudiantes; importantes fracciones de los partidos políticos, sectores populares urbanos y notables socios de los clubes de alta alcurnia en la ciudad exigieron la destitución del ministro de Obras, del gobernador y del jefe de la Policía Nacional, Carlos Cortés Vargas, principal responsable material de la masacre de las bananeras. Una movilización estudiantil frente al Palacio de la Carrera (actual Casa de Nariño) fue recibida con descargas de fusilería. Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, resultó víctima. Su masivo sepelio, realizado el 8 de junio, obligó al gobierno nacional a conceder las peticiones e inició la caída del régimen imperante.

El proceso de paz seguido en Sudáfrica para la eliminación del apartheid, suele citarse como ejemplo extraordinario de paz y reconciliación. Lo fue, en efecto, pero debe examinarse en su justa dimensión. Cambió la historia del país, es cierto. Pero, a pesar de la enorme labor realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación, las expectativas sobre su papel desbordaron lo que en realidad se consiguió. Las audiencias les dieron voz a las víctimas y muchas de ellas desfilaron frente a los victimarios ante los ojos de la población. Sin embargo, no pocos actores se ocultaron, urdieron redes y ejecutaron presiones para salir incólumes, no asumieron responsabilidad y continuaron su vida ilesos, sin juicio ni prisión. No hubo voluntad política para descubrir la verdad en todos los casos, para cerrar heridas sobre grandes hechos y, finalmente, en muchos eventos la justicia quedó en deuda. La falta de información impidió que diversos sucesos fueran examinados.

La educación es un elemento primordial para el desarrollo de cualquier país, no solo desde el punto de vista económico, científico y tecnológico, de la movilidad social y el reconocimiento internacional. Su carácter crucial tiene directa relación con la cultura, con la formación ciudadana y la participación democrática. La construcción de nación, la identidad de un pueblo, pasan por la escuela. De su importancia deviene la necesidad de su financiación y, por tal razón, no es tarea exclusiva de los particulares, del sector privado. Es, ante todo, un deber del Estado.

En virtud del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de licenciatura, construidos para la formación de maestras y maestros en todo el país, fueron obligados a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad antes del 9 de junio de 2017. En caso de no lograrlo, dispuso la ley, perderán el registro calificado otorgado para su funcionamiento y, por consiguiente, tendrán que suspender inscripciones y cerrar su oferta.

En mi columna anterior hice referencia a la presentación de un proyecto de ley de adición al presupuesto general de la nación, mediante el cual se propuso garantizar el incremento de $1.2 billones para el funcionamiento e inversiones en la educación. En el anuncio oficial, pero aún preliminar de dicho proyecto, el Gobierno nacional insinuó adiciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cubrimiento y acceso a créditos para educación superior a través del Icetex, la construcción de aulas para educación básica y media, y recursos para el programa Ser Pilo Paga. Nada adicional para la educación superior pública.

La reforma tributaria es, sin duda, una necesidad para el país.
Sea cual sea la causa –el declive en los precios del petróleo, el escaso peso de los impuestos frente al PIB o el creciente déficit fiscal en los gastos del Estado–, la realidad es muy concreta: el sistema tributario no genera en los últimos años el recaudo suficiente para proveer los bienes públicos a cargo de la Nación, ni para cumplir en forma adecuada con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que la Constitución consagra.

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es un colegio público por excelencia que el país debe reconocer como referente de lo que ha sido y debe ser su sistema educativo.

En primer lugar, porque en él estudian niñas y niños de la más diversa procedencia social, cultural, y en condiciones educativas especiales; porque desde su creación en 1927 ha conservado su espíritu innovador, y porque es una escuela formadora de maestros; esto último gracias a que es la Universidad Pedagógica Nacional quien lo dirige y orienta. De su seno, de la matriz del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, nació en 1955 la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, hoy Universidad Pedagógica Nacional, reconocida como la única institución uniprofesional dedicada a la formación de maestros y a la investigación pedagógica, declarada además por la Ley 30 de 1992 asesora del Ministerio de Educación Nacional.

Los resultados que nuestros niños, niñas y jóvenes obtienen en las pruebas estandarizadas internacionales constituye hoy una importante preocupación de los gobiernos nacionales en América Latina.
“Sin las competencias adecuadas, las personas se consumirán en los sectores marginales de la sociedad, el avance tecnológico se desacelerará y los países pasarán apuros en la economía global”, declaró Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés); “es fundamental que los gobiernos mejoren su sistema educativo”, expresó como solución y tarea.

Entre tantas noticias de los últimos días y en medio de las ocupaciones navideñas, un pequeño pero importante trozo del discurso del Presidente Santos al recibir el Premio Nobel de Paz pasó desapercibido: aquel en el cual reitera su llamado “a la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas”.

Dicho clamor, ciertamente, ha sido presentado ya por diversos personajes de la vida pública en diferentes espacios de Colombia, Latinoamérica y el mundo; ha merecido gruesas y profundas líneas argumentativas del mundo intelectual; tiene anuencia, incluso, en sectores del Congreso Estadounidense y en la Unión Europea; empieza a recibir eco en las Naciones Unidas y gana cada vez más adeptos. Pero, en esta ocasión, se trata de un presidente de Colombia en ejercicio al momento de recibir un Nobel de Paz. No es nada deleznable.

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