Columnistas

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Rector Universidad Pedagógica Nacional

En 1957, pocos días antes de que Gustavo Rojas Pinilla abandonara el poder y cuando se vislumbraba ya la construcción de un régimen que presagiaba la concordia, nació la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.
Tras una reunión inicial en Bogotá, el 5 de mayo, se convocó el 12 de octubre a la primera Conferencia Nacional de Rectores Universitarios en Medellín y se aprobó por unanimidad la creación de ASCUN, propuesta que inmediatamente acogieron 22 rectores de universidades en todo el país.

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A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada “Reforma Tributaria Estructural”.

Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización; obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía, de esta manera, elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y, con ello, el empleo.

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Decía Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Y tras ese propósito, Jaime Garzón Forero, en vida, mostró en sus dones y con creces la reivindicación de la risa. Pero no cualquiera; Jaime no era un humorista en el sentido laxo, usual, y a veces profano del término. La risa de Jaime tuvo la virtud de provocar amor por la espontaneidad con que también lo entregaba.   

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La Guerra de Indochina se inició cuando las aspiraciones coloniales de Francia cedieron ante los intereses de Estados Unidos en los años cincuenta del siglo XX. Para entonces, el emperador de Vietnam, Bao Dai, fue derrocado por Ngo Dinh Diem y Van Minh, grandes productores y comerciantes de opio.

A instancias de la CIA, los hombres de Diem empezaron a utilizar aviones norteamericanos para transportar armas y suministros en apoyo a las fuerzas del Kuomintang que enfrentaban a la revolución comunista en China. Las operaciones de regreso se utilizaron para cargar las aeronaves con opio, a la vista de todo el mundo, para financiar la naciente guerra en Laos y Camboya. Las compañías aéreas fueron popularmente bautizadas como "Air Opium". Algo similar a lo que ocurrió durante los ochenta en Centroamérica, cuando la CIA financió a la contra nicaragüense con la droga de narcos colombianos y mexicanos.

En junio de 1929, una protesta originada en la destitución del alcalde de Bogotá y en diversos atropellos cometidos por el gobierno departamental estremeció a la Hegemonía Conservadora. La protesta no fue solo de estudiantes; importantes fracciones de los partidos políticos, sectores populares urbanos y notables socios de los clubes de alta alcurnia en la ciudad exigieron la destitución del ministro de Obras, del gobernador y del jefe de la Policía Nacional, Carlos Cortés Vargas, principal responsable material de la masacre de las bananeras. Una movilización estudiantil frente al Palacio de la Carrera (actual Casa de Nariño) fue recibida con descargas de fusilería. Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, resultó víctima. Su masivo sepelio, realizado el 8 de junio, obligó al gobierno nacional a conceder las peticiones e inició la caída del régimen imperante.

El proceso de paz seguido en Sudáfrica para la eliminación del apartheid, suele citarse como ejemplo extraordinario de paz y reconciliación. Lo fue, en efecto, pero debe examinarse en su justa dimensión. Cambió la historia del país, es cierto. Pero, a pesar de la enorme labor realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación, las expectativas sobre su papel desbordaron lo que en realidad se consiguió. Las audiencias les dieron voz a las víctimas y muchas de ellas desfilaron frente a los victimarios ante los ojos de la población. Sin embargo, no pocos actores se ocultaron, urdieron redes y ejecutaron presiones para salir incólumes, no asumieron responsabilidad y continuaron su vida ilesos, sin juicio ni prisión. No hubo voluntad política para descubrir la verdad en todos los casos, para cerrar heridas sobre grandes hechos y, finalmente, en muchos eventos la justicia quedó en deuda. La falta de información impidió que diversos sucesos fueran examinados.

La educación es un elemento primordial para el desarrollo de cualquier país, no solo desde el punto de vista económico, científico y tecnológico, de la movilidad social y el reconocimiento internacional. Su carácter crucial tiene directa relación con la cultura, con la formación ciudadana y la participación democrática. La construcción de nación, la identidad de un pueblo, pasan por la escuela. De su importancia deviene la necesidad de su financiación y, por tal razón, no es tarea exclusiva de los particulares, del sector privado. Es, ante todo, un deber del Estado.

En virtud del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de licenciatura, construidos para la formación de maestras y maestros en todo el país, fueron obligados a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad antes del 9 de junio de 2017. En caso de no lograrlo, dispuso la ley, perderán el registro calificado otorgado para su funcionamiento y, por consiguiente, tendrán que suspender inscripciones y cerrar su oferta.

En mi columna anterior hice referencia a la presentación de un proyecto de ley de adición al presupuesto general de la nación, mediante el cual se propuso garantizar el incremento de $1.2 billones para el funcionamiento e inversiones en la educación. En el anuncio oficial, pero aún preliminar de dicho proyecto, el Gobierno nacional insinuó adiciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cubrimiento y acceso a créditos para educación superior a través del Icetex, la construcción de aulas para educación básica y media, y recursos para el programa Ser Pilo Paga. Nada adicional para la educación superior pública.

La reforma tributaria es, sin duda, una necesidad para el país.
Sea cual sea la causa –el declive en los precios del petróleo, el escaso peso de los impuestos frente al PIB o el creciente déficit fiscal en los gastos del Estado–, la realidad es muy concreta: el sistema tributario no genera en los últimos años el recaudo suficiente para proveer los bienes públicos a cargo de la Nación, ni para cumplir en forma adecuada con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que la Constitución consagra.

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