Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz
Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Rector Universidad Pedagógica Nacional

La educación es un elemento primordial para el desarrollo de cualquier país, no solo desde el punto de vista económico, científico y tecnológico, de la movilidad social y el reconocimiento internacional. Su carácter crucial tiene directa relación con la cultura, con la formación ciudadana y la participación democrática. La construcción de nación, la identidad de un pueblo, pasan por la escuela. De su importancia deviene la necesidad de su financiación y, por tal razón, no es tarea exclusiva de los particulares, del sector privado. Es, ante todo, un deber del Estado.

En virtud del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de licenciatura, construidos para la formación de maestras y maestros en todo el país, fueron obligados a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad antes del 9 de junio de 2017. En caso de no lograrlo, dispuso la ley, perderán el registro calificado otorgado para su funcionamiento y, por consiguiente, tendrán que suspender inscripciones y cerrar su oferta.

En mi columna anterior hice referencia a la presentación de un proyecto de ley de adición al presupuesto general de la nación, mediante el cual se propuso garantizar el incremento de $1.2 billones para el funcionamiento e inversiones en la educación. En el anuncio oficial, pero aún preliminar de dicho proyecto, el Gobierno nacional insinuó adiciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cubrimiento y acceso a créditos para educación superior a través del Icetex, la construcción de aulas para educación básica y media, y recursos para el programa Ser Pilo Paga. Nada adicional para la educación superior pública.

La reforma tributaria es, sin duda, una necesidad para el país.
Sea cual sea la causa –el declive en los precios del petróleo, el escaso peso de los impuestos frente al PIB o el creciente déficit fiscal en los gastos del Estado–, la realidad es muy concreta: el sistema tributario no genera en los últimos años el recaudo suficiente para proveer los bienes públicos a cargo de la Nación, ni para cumplir en forma adecuada con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que la Constitución consagra.

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es un colegio público por excelencia que el país debe reconocer como referente de lo que ha sido y debe ser su sistema educativo.

En primer lugar, porque en él estudian niñas y niños de la más diversa procedencia social, cultural, y en condiciones educativas especiales; porque desde su creación en 1927 ha conservado su espíritu innovador, y porque es una escuela formadora de maestros; esto último gracias a que es la Universidad Pedagógica Nacional quien lo dirige y orienta. De su seno, de la matriz del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, nació en 1955 la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, hoy Universidad Pedagógica Nacional, reconocida como la única institución uniprofesional dedicada a la formación de maestros y a la investigación pedagógica, declarada además por la Ley 30 de 1992 asesora del Ministerio de Educación Nacional.

Los resultados que nuestros niños, niñas y jóvenes obtienen en las pruebas estandarizadas internacionales constituye hoy una importante preocupación de los gobiernos nacionales en América Latina.
“Sin las competencias adecuadas, las personas se consumirán en los sectores marginales de la sociedad, el avance tecnológico se desacelerará y los países pasarán apuros en la economía global”, declaró Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés); “es fundamental que los gobiernos mejoren su sistema educativo”, expresó como solución y tarea.

Entre tantas noticias de los últimos días y en medio de las ocupaciones navideñas, un pequeño pero importante trozo del discurso del Presidente Santos al recibir el Premio Nobel de Paz pasó desapercibido: aquel en el cual reitera su llamado “a la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas”.

Dicho clamor, ciertamente, ha sido presentado ya por diversos personajes de la vida pública en diferentes espacios de Colombia, Latinoamérica y el mundo; ha merecido gruesas y profundas líneas argumentativas del mundo intelectual; tiene anuencia, incluso, en sectores del Congreso Estadounidense y en la Unión Europea; empieza a recibir eco en las Naciones Unidas y gana cada vez más adeptos. Pero, en esta ocasión, se trata de un presidente de Colombia en ejercicio al momento de recibir un Nobel de Paz. No es nada deleznable.

Al inicio de labores escolares en el calendario A, resulta oportuna la reflexión sobre un tema de importante trascendencia: ¿Es pertinente dejar tareas para que nuestros alumnos las realicen en casa? Para responder el interrogante debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la opinión de un número significativo de expertos.

La lista puede encabezarse con Alfie Kohn y su libro El mito de los deberes(2013). La conclusión de su investigación es contundente: las tareas no promueven la autonomía ni generan buenos hábitos de estudio; no proporcionan beneficios académicos para los alumnos de primaria y no son recomendables para los estudiantes de secundaria. Por el contrario, pueden conducir a que niñas y niños adopten una actitud negativa hacia el colegio y el aprendizaje, o a la extinción de la curiosidad infantil.

Una cantidad inusitada de lectores comentó a través de las redes sociales y de diversos correos electrónicos mi última columna sobre la vigencia o no de las tareas escolares para el hogar. El hecho, por sí mismo, evidencia la importancia del tema y su debate; la necesidad imperiosa de abordarlo. En honor y por respeto a ello, quiero responder ahora algunas de sus inquietudes.

En 1994, la llamada “Misión de sabios” propuso, entre diversas tareas para alcanzar el desarrollo en Colombia, adoptar una política de Estado que impulsara a largo plazo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, como sucedió con la mayoría de sus propuestas, se hizo exactamente lo contrario: leyes, planes e incluso documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) cayeron al vacío o tropezaron con una voluntad política ajena a los compromisos presupuestales.

Mediante Sentencia C-699 del 13 de diciembre de 2016, la Corte Constitucional dio aval a la vía rápida legislativa para abreviar los trámites de las normas de paz y le reconoció facultades amplias al Ejecutivo en esta materia. El procedimiento aprobado, conocido como fast track, fue admitido por la Corte con el loable argumento, descrito en dicha sentencia, de que “su objetivo es lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional” y “constituye un mecanismo especial, excepcional y transitorio de reforma”.