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Columna: Profesor Adolfo León Atehortua

Columna: Profesor Adolfo León Atehortua

Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional

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No cabe duda: el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc ha traído importantes resultados para el país entero. La insurgencia más antigua del mundo cumplió su compromiso de abandonar las armas y destruyó toneladas de material bélico esparcido en múltiples depósitos por el amplio territorio nacional. Como resultado inmediato de su decisión, la violencia asociada al conflicto descendió en forma ostensible entre 2012 y 2016. Contra todo pronóstico, Colombia vivió en marzo de 2018 una de las elecciones a Congreso más tranquilas de toda su historia.

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El 9 de abril de 1948, pocos minutos después de la una de la tarde, Jorge Eliécer Gaitán, el hombre que fue un pueblo, seguro presidente de la República para el período 1950-1954, cayó asesinado por las balas recalzadas de un viejo revólver 32 corto que milagrosamente no estalló en la mano agresora cuando oprimió el gatillo.

El pasado 6 de marzo, tuvo lugar un cruento enfrentamiento desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional entre algunas personas con el rostro cubierto y el Esmad de la Policía. Al final de este choque ocurrió una fuerte explosión y se reportó como resultado, además, a cinco heridos de consideración, cuatro de ellos ajenos a la universidad. Estos hechos causaron diversas reacciones desde distintos sectores sociales. Los vecinos de la calle 72 manifestaron su descontento por dichos actos en su localidad; algunos medios y periodistas expresaron su inconformidad responsabilizando a las directivas y a la institución en su conjunto por supuestamente ser tolerantes con los actos violentos; y algunas autoridades expresaron la inminente “intervención” ante enfrentamientos similares que pudieran suceder en el futuro.

Sin embargo, no se intentó con claridad una reflexión sobre la base de que la universidad también fue vulnerada y que lo ocurrido es un hecho que no escapa a muchas entidades públicas y privadas en Colombia, o al Estado mismo, como a escuelas u otro tipo de instituciones en Estados Unidos y el mundo. En algunos discursos primó la condena al alma mater, antes que a la violencia.

La sociedad es considerada un tejido complejo de relaciones humanas cuya interacción se dirige a fines conforme a reglas relativamente establecidas y con capacidad para actuar sobre sí misma y engendrar su porvenir y hasta su memoria. En este sentido, no es una simple suma de individuos sino un sistema formado por su asociación interdependiente, política y cultural, cuyos roles construyen y representan una realidad con características y significados propios.

En 1957, pocos días antes de que Gustavo Rojas Pinilla abandonara el poder y cuando se vislumbraba ya la construcción de un régimen que presagiaba la concordia, nació la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.
Tras una reunión inicial en Bogotá, el 5 de mayo, se convocó el 12 de octubre a la primera Conferencia Nacional de Rectores Universitarios en Medellín y se aprobó por unanimidad la creación de ASCUN, propuesta que inmediatamente acogieron 22 rectores de universidades en todo el país.

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A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada “Reforma Tributaria Estructural”.

Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización; obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía, de esta manera, elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y, con ello, el empleo.

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Decía Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Y tras ese propósito, Jaime Garzón Forero, en vida, mostró en sus dones y con creces la reivindicación de la risa. Pero no cualquiera; Jaime no era un humorista en el sentido laxo, usual, y a veces profano del término. La risa de Jaime tuvo la virtud de provocar amor por la espontaneidad con que también lo entregaba.   

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La Guerra de Indochina se inició cuando las aspiraciones coloniales de Francia cedieron ante los intereses de Estados Unidos en los años cincuenta del siglo XX. Para entonces, el emperador de Vietnam, Bao Dai, fue derrocado por Ngo Dinh Diem y Van Minh, grandes productores y comerciantes de opio.

A instancias de la CIA, los hombres de Diem empezaron a utilizar aviones norteamericanos para transportar armas y suministros en apoyo a las fuerzas del Kuomintang que enfrentaban a la revolución comunista en China. Las operaciones de regreso se utilizaron para cargar las aeronaves con opio, a la vista de todo el mundo, para financiar la naciente guerra en Laos y Camboya. Las compañías aéreas fueron popularmente bautizadas como "Air Opium". Algo similar a lo que ocurrió durante los ochenta en Centroamérica, cuando la CIA financió a la contra nicaragüense con la droga de narcos colombianos y mexicanos.

En junio de 1929, una protesta originada en la destitución del alcalde de Bogotá y en diversos atropellos cometidos por el gobierno departamental estremeció a la Hegemonía Conservadora. La protesta no fue solo de estudiantes; importantes fracciones de los partidos políticos, sectores populares urbanos y notables socios de los clubes de alta alcurnia en la ciudad exigieron la destitución del ministro de Obras, del gobernador y del jefe de la Policía Nacional, Carlos Cortés Vargas, principal responsable material de la masacre de las bananeras. Una movilización estudiantil frente al Palacio de la Carrera (actual Casa de Nariño) fue recibida con descargas de fusilería. Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, resultó víctima. Su masivo sepelio, realizado el 8 de junio, obligó al gobierno nacional a conceder las peticiones e inició la caída del régimen imperante.

El proceso de paz seguido en Sudáfrica para la eliminación del apartheid, suele citarse como ejemplo extraordinario de paz y reconciliación. Lo fue, en efecto, pero debe examinarse en su justa dimensión. Cambió la historia del país, es cierto. Pero, a pesar de la enorme labor realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación, las expectativas sobre su papel desbordaron lo que en realidad se consiguió. Las audiencias les dieron voz a las víctimas y muchas de ellas desfilaron frente a los victimarios ante los ojos de la población. Sin embargo, no pocos actores se ocultaron, urdieron redes y ejecutaron presiones para salir incólumes, no asumieron responsabilidad y continuaron su vida ilesos, sin juicio ni prisión. No hubo voluntad política para descubrir la verdad en todos los casos, para cerrar heridas sobre grandes hechos y, finalmente, en muchos eventos la justicia quedó en deuda. La falta de información impidió que diversos sucesos fueran examinados.

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