Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz
Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Rector Universidad Pedagógica Nacional

Mediante Sentencia C-699 del 13 de diciembre de 2016, la Corte Constitucional dio aval a la vía rápida legislativa para abreviar los trámites de las normas de paz y le reconoció facultades amplias al Ejecutivo en esta materia. El procedimiento aprobado, conocido como fast track, fue admitido por la Corte con el loable argumento, descrito en dicha sentencia, de que “su objetivo es lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional” y “constituye un mecanismo especial, excepcional y transitorio de reforma”.

En 1994, la llamada “Misión de sabios” propuso, entre diversas tareas para alcanzar el desarrollo en Colombia, adoptar una política de Estado que impulsara a largo plazo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, como sucedió con la mayoría de sus propuestas, se hizo exactamente lo contrario: leyes, planes e incluso documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) cayeron al vacío o tropezaron con una voluntad política ajena a los compromisos presupuestales.

Una cantidad inusitada de lectores comentó a través de las redes sociales y de diversos correos electrónicos mi última columna sobre la vigencia o no de las tareas escolares para el hogar. El hecho, por sí mismo, evidencia la importancia del tema y su debate; la necesidad imperiosa de abordarlo. En honor y por respeto a ello, quiero responder ahora algunas de sus inquietudes.

Al inicio de labores escolares en el calendario A, resulta oportuna la reflexión sobre un tema de importante trascendencia: ¿Es pertinente dejar tareas para que nuestros alumnos las realicen en casa? Para responder el interrogante debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la opinión de un número significativo de expertos.

La lista puede encabezarse con Alfie Kohn y su libro El mito de los deberes(2013). La conclusión de su investigación es contundente: las tareas no promueven la autonomía ni generan buenos hábitos de estudio; no proporcionan beneficios académicos para los alumnos de primaria y no son recomendables para los estudiantes de secundaria. Por el contrario, pueden conducir a que niñas y niños adopten una actitud negativa hacia el colegio y el aprendizaje, o a la extinción de la curiosidad infantil.

Entre tantas noticias de los últimos días y en medio de las ocupaciones navideñas, un pequeño pero importante trozo del discurso del Presidente Santos al recibir el Premio Nobel de Paz pasó desapercibido: aquel en el cual reitera su llamado “a la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas”.

Dicho clamor, ciertamente, ha sido presentado ya por diversos personajes de la vida pública en diferentes espacios de Colombia, Latinoamérica y el mundo; ha merecido gruesas y profundas líneas argumentativas del mundo intelectual; tiene anuencia, incluso, en sectores del Congreso Estadounidense y en la Unión Europea; empieza a recibir eco en las Naciones Unidas y gana cada vez más adeptos. Pero, en esta ocasión, se trata de un presidente de Colombia en ejercicio al momento de recibir un Nobel de Paz. No es nada deleznable.

Los resultados que nuestros niños, niñas y jóvenes obtienen en las pruebas estandarizadas internacionales constituye hoy una importante preocupación de los gobiernos nacionales en América Latina.
“Sin las competencias adecuadas, las personas se consumirán en los sectores marginales de la sociedad, el avance tecnológico se desacelerará y los países pasarán apuros en la economía global”, declaró Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés); “es fundamental que los gobiernos mejoren su sistema educativo”, expresó como solución y tarea.

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es un colegio público por excelencia que el país debe reconocer como referente de lo que ha sido y debe ser su sistema educativo.

En primer lugar, porque en él estudian niñas y niños de la más diversa procedencia social, cultural, y en condiciones educativas especiales; porque desde su creación en 1927 ha conservado su espíritu innovador, y porque es una escuela formadora de maestros; esto último gracias a que es la Universidad Pedagógica Nacional quien lo dirige y orienta. De su seno, de la matriz del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, nació en 1955 la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, hoy Universidad Pedagógica Nacional, reconocida como la única institución uniprofesional dedicada a la formación de maestros y a la investigación pedagógica, declarada además por la Ley 30 de 1992 asesora del Ministerio de Educación Nacional.

La reforma tributaria es, sin duda, una necesidad para el país.
Sea cual sea la causa –el declive en los precios del petróleo, el escaso peso de los impuestos frente al PIB o el creciente déficit fiscal en los gastos del Estado–, la realidad es muy concreta: el sistema tributario no genera en los últimos años el recaudo suficiente para proveer los bienes públicos a cargo de la Nación, ni para cumplir en forma adecuada con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que la Constitución consagra.

En mi columna anterior hice referencia a la presentación de un proyecto de ley de adición al presupuesto general de la nación, mediante el cual se propuso garantizar el incremento de $1.2 billones para el funcionamiento e inversiones en la educación. En el anuncio oficial, pero aún preliminar de dicho proyecto, el Gobierno nacional insinuó adiciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cubrimiento y acceso a créditos para educación superior a través del Icetex, la construcción de aulas para educación básica y media, y recursos para el programa Ser Pilo Paga. Nada adicional para la educación superior pública.

En la radicación del proyecto definitivo, realizada el pasado 29 de marzo en el Congreso, se advierte, sin embargo, que con “recursos de funcionamiento” que, por supuesto, irán a la base presupuestal, se destinan $109.5 mil millones de pesos para las instituciones de educación superior públicas. La noticia mejora y es importante, pero deja dudas e inquietudes.

En primer lugar, porque se trata tan solo de igualar la cifra recibida por recursos CREE en 2016 y que se encontraba recortada para 2017. En definitiva, entonces, no hay un incremento real, concreto y efectivo; tan solo una compensación pendiente.

Pero lo más alarmante es que esta adición presupuestal toca ya los recursos que empiezan a ingresar al Estado por cuenta de la reforma tributaria. Tal como el Ministerio de Hacienda lo sustenta, “la motivación de la adición presupuestal está basada en los efectos que tendrá sobre el recaudo tributario la reforma fiscal aprobada en diciembre del año pasado”. Y, en efecto, la adición tomaría recaudos iniciales producto de la reforma, mayores dividendos de ISA y Ecopetrol, así como la proyección de un incremento en los rendimientos financieros y del comportamiento de las tasas de interés en recursos estatales.

Allí está lo delicado. El artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria, modificó la tarifa general del impuesto sobre las ventas elevándola al 19 %, salvo las excepciones contempladas, y dispuso que 0.5 puntos de ese nuevo IVA se destinaran a la financiación de la educación, dedicando el 40 % de este recaudo a la financiación de la educación superior pública.

La preocupación para las instituciones estatales aflora cuando se compara la adición de 2017, conforme se presenta finalmente, y los otros rubros a los cuales se destina en educación superior: Icetex y programa Ser Pilo Paga. Si la tendencia de distribución que se ha empleado en la adición impera con la reforma para el presupuesto del año 2018, significaría entonces que los recursos aportados por los colombianos con el nuevo IVA en materia de educación superior continuarán trasladándose a bolsillos privados, y no precisamente a la atención del derrumbe que padecen las instituciones oficiales.

Y este desasosiego ocurre también con respecto al artículo 102 que sustituye al CREE con el impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas, del cual se destinarán 0.6 puntos para financiar las instituciones de educación superior públicas o para financiar créditos beca a través del lcetex. Con este último inciso, que ingresó a la norma preexistente del CREE en 2015, las universidades pasaron de percibir el 100 % del impuesto, que les fue entregado en el 2013, a recibir tan solo el 33 % en 2017, mientras el resto, cerca de $434 mil millones, se fue también por decisión del Ministerio de Educación Nacional al programa Ser Pilo Paga.

Tal como los rectores del Sistema Universitario Estatal lo hemos advertido recientemente al presidente Santos, resulta inconveniente tomar parte de los recursos destinados a la educación superior pública del país para financiar matrículas de universidades privadas. Este hecho constituye una desviación indebida de los fondos públicos que debe examinarse.

Pero, por otra parte, debe tomarse conciencia sobre las necesidades que padecen hoy las universidades públicas. Ya lo hemos dicho una y otra vez: su infraestructura se está cayendo, su presupuesto se encuentra asfixiado, no tienen cómo crecer y su calidad por vía presupuestal se ve cada vez más afectada.

Las universidades estatales requieren ajustar su presupuesto cuatro puntos por encima de la inflación para garantizar los incrementos salariales que el mismo Gobierno establece; un billón y medio de pesos para cubrir gastos recurrentes relacionados con la formalización laboral de sus docentes, funcionarios y trabajadores; cubrir gastos administrativos, invertir en bienestar estudiantil, recursos académicos y de tecnología, e impulsar la internacionalización. La inversión, calculada para una sola vez y que puede diferirse en un corto y mediano plazo, la estipulan las 32 universidades del Sistema en 13 billones y medio de pesos, que serían destinados a formación doctoral, construcción de infraestructura, investigación y actualización académica.

Las universidades estatales del país no pueden ya con más recortes. Requieren presupuesto e inversión.

* Rector Universidad Pedagógica Nacional.