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Unas de cal…

Escrito por Adolfo León Atehortúa Cruz
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En mi columna anterior hice referencia a la presentación de un proyecto de ley de adición al presupuesto general de la nación, mediante el cual se propuso garantizar el incremento de $1.2 billones para el funcionamiento e inversiones en la educación. En el anuncio oficial, pero aún preliminar de dicho proyecto, el Gobierno nacional insinuó adiciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cubrimiento y acceso a créditos para educación superior a través del Icetex, la construcción de aulas para educación básica y media, y recursos para el programa Ser Pilo Paga. Nada adicional para la educación superior pública.

En la radicación del proyecto definitivo, realizada el pasado 29 de marzo en el Congreso, se advierte, sin embargo, que con “recursos de funcionamiento” que, por supuesto, irán a la base presupuestal, se destinan $109.5 mil millones de pesos para las instituciones de educación superior públicas. La noticia mejora y es importante, pero deja dudas e inquietudes.

En primer lugar, porque se trata tan solo de igualar la cifra recibida por recursos CREE en 2016 y que se encontraba recortada para 2017. En definitiva, entonces, no hay un incremento real, concreto y efectivo; tan solo una compensación pendiente.

Pero lo más alarmante es que esta adición presupuestal toca ya los recursos que empiezan a ingresar al Estado por cuenta de la reforma tributaria. Tal como el Ministerio de Hacienda lo sustenta, “la motivación de la adición presupuestal está basada en los efectos que tendrá sobre el recaudo tributario la reforma fiscal aprobada en diciembre del año pasado”. Y, en efecto, la adición tomaría recaudos iniciales producto de la reforma, mayores dividendos de ISA y Ecopetrol, así como la proyección de un incremento en los rendimientos financieros y del comportamiento de las tasas de interés en recursos estatales.

Allí está lo delicado. El artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria, modificó la tarifa general del impuesto sobre las ventas elevándola al 19 %, salvo las excepciones contempladas, y dispuso que 0.5 puntos de ese nuevo IVA se destinaran a la financiación de la educación, dedicando el 40 % de este recaudo a la financiación de la educación superior pública.

La preocupación para las instituciones estatales aflora cuando se compara la adición de 2017, conforme se presenta finalmente, y los otros rubros a los cuales se destina en educación superior: Icetex y programa Ser Pilo Paga. Si la tendencia de distribución que se ha empleado en la adición impera con la reforma para el presupuesto del año 2018, significaría entonces que los recursos aportados por los colombianos con el nuevo IVA en materia de educación superior continuarán trasladándose a bolsillos privados, y no precisamente a la atención del derrumbe que padecen las instituciones oficiales.

Y este desasosiego ocurre también con respecto al artículo 102 que sustituye al CREE con el impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas, del cual se destinarán 0.6 puntos para financiar las instituciones de educación superior públicas o para financiar créditos beca a través del lcetex. Con este último inciso, que ingresó a la norma preexistente del CREE en 2015, las universidades pasaron de percibir el 100 % del impuesto, que les fue entregado en el 2013, a recibir tan solo el 33 % en 2017, mientras el resto, cerca de $434 mil millones, se fue también por decisión del Ministerio de Educación Nacional al programa Ser Pilo Paga.

Tal como los rectores del Sistema Universitario Estatal lo hemos advertido recientemente al presidente Santos, resulta inconveniente tomar parte de los recursos destinados a la educación superior pública del país para financiar matrículas de universidades privadas. Este hecho constituye una desviación indebida de los fondos públicos que debe examinarse.

Pero, por otra parte, debe tomarse conciencia sobre las necesidades que padecen hoy las universidades públicas. Ya lo hemos dicho una y otra vez: su infraestructura se está cayendo, su presupuesto se encuentra asfixiado, no tienen cómo crecer y su calidad por vía presupuestal se ve cada vez más afectada.

Las universidades estatales requieren ajustar su presupuesto cuatro puntos por encima de la inflación para garantizar los incrementos salariales que el mismo Gobierno establece; un billón y medio de pesos para cubrir gastos recurrentes relacionados con la formalización laboral de sus docentes, funcionarios y trabajadores; cubrir gastos administrativos, invertir en bienestar estudiantil, recursos académicos y de tecnología, e impulsar la internacionalización. La inversión, calculada para una sola vez y que puede diferirse en un corto y mediano plazo, la estipulan las 32 universidades del Sistema en 13 billones y medio de pesos, que serían destinados a formación doctoral, construcción de infraestructura, investigación y actualización académica.

Las universidades estatales del país no pueden ya con más recortes. Requieren presupuesto e inversión.

* Rector Universidad Pedagógica Nacional.

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