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Modelos de financiación para la educación

Escrito por Adolfo León Aterhortua
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La educación es un elemento primordial para el desarrollo de cualquier país, no solo desde el punto de vista económico, científico y tecnológico, de la movilidad social y el reconocimiento internacional. Su carácter crucial tiene directa relación con la cultura, con la formación ciudadana y la participación democrática. La construcción de nación, la identidad de un pueblo, pasan por la escuela. De su importancia deviene la necesidad de su financiación y, por tal razón, no es tarea exclusiva de los particulares, del sector privado. Es, ante todo, un deber del Estado.

Corresponde, pues, al Estado procurar el acceso masivo a una educación de excelencia, garantizar su calidad y pertinencia a partir del pensamiento crítico, la creatividad, los valores y actitudes éticas dirigidas al respeto de la diversidad y al desarrollo de lo público con sentido democrático; promover entre los postulados de la educación la investigación, la ciencia y la transformación pacífica de los conflictos, el uso apropiado de las nuevas tecnologías, la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Nada de esto se logra sin una financiación adecuada.

Justamente, el debate en torno a los modelos de financiación se encuentra abierto en América Latina. Chile ha sido ejemplo para muchos por la adopción de recursos públicos para el sistema subvencionado de la educación. Ha preferido auxiliar la oferta privada y puesto en sus manos gran parte de la gestión educativa. Como corolario, la proporción de la inversión privada en educación

crece, pero apoyada por los gastos públicos directos en educación, que bajan. La educación pública se asume, entonces, bajo un esquema de costos compartidos: el Estado aporta recursos, pero la participación financiera de los estudiantes y sus familias se incrementa a través de las matrículas o aranceles; las instituciones estatales se ven obligadas a buscar con recursos propios y estrategias de mercado lo que resta para su viabilidad. Mientras tanto, un grupo privilegiado de instituciones privadas recibe una especie de subsidio directo proveniente del Estado, que utiliza para financiar sus gastos operacionales. El mecanismo preferido es el subsidio otorgado a la demanda a través de becas o préstamos adjudicados al estudiante para que este los transfiera al sector privado de la educación.

Con estas medidas, el país austral ha impulsado la constitución de un mercado basado en el apoyo a la provisión privada como alternativa para la masificación educativa, esquema de financiación que ha intentado seguir Perú, y que Colombia observa y copia con profundo interés. Políticas como Ser Pilo Paga, por ejemplo, alimentan este modelo.

Otros gobiernos han interpretado el asunto como presión gestada sobre el gasto público que, ante la escasez de recursos, transfiere los costos del financiamiento a la demanda y otorga preferencia a soluciones inspiradas por los principios del mercado. Keynes suele resucitar, a veces, con novedosas teorías sobre el “Estado de bienestar”, pero dirigido a pequeños grupos que impacta. A pesar de los esfuerzos realizados por los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, la responsabilidad de financiar la educación superior adquirió, también en ese país, el modelo compartido entre los sectores público y privado, con tendencias de crecimiento para el segundo.

Ecuador, Argentina y México, por el contrario, han privilegiado a las instituciones estatales rescatando en ellas su rol en la masificación y creando,

incluso, nuevas instituciones de educación superior destinadas a la gratuidad y al apoyo en sostenimiento a sus alumnos. En esos países los Estados no solo financian prioritariamente la educación; también corren con la parte más importante de las inversiones en investigación y desarrollo. El Estado advierte la consideración de la educación como bien público e impacta con sus recursos a los más pobres y a las regiones más apartadas para reducir diferencias con las metrópolis. Las brechas se cierran y la equidad cobija a sectores cada vez más amplios con mejores garantías de acceso y permanencia.

En los balances y consecuencias de la aplicación de los modelos, los estudiantes de Chile protestan masivamente; el gobierno de Mauricio Macri reversa en Argentina las medidas de los Kirchner, mientras el recién elegido Lenín Moreno en Ecuador anuncia la profundización del respaldo a lo público agenciado por su antecesor, Rafael Correa.

En el futuro inmediato, América Latina debe resolver problemas fundamentales como la ampliación de cobertura en todos los niveles educativos, el uso masivo y pedagógico de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la preparación cada vez mayor de los docentes, e ingentes gastos en infraestructura e investigación. ¿Qué modelo de financiación requiere mayores esfuerzos financieros con menores resultados sociales? ¿El subsidio a pocos o la focalización en la oferta del Estado para acoger con calidad a muchos? ¿Impulsar políticas de costos compartidos o ensayar alternativas que fortalezcan la inversión pública en las instituciones estatales para alcanzar la gratuidad? ¿Hasta qué punto pueden combinarse diversas vías aunque se privilegie una sobre otra? Ignacio Mantilla, colega rector de la Universidad Nacional de Colombia, advierte en una reciente columna que la decisión se está tomando de manera irreversible y alerta sobre un proyecto de ley que profundiza la financiación de la demanda a través del crédito educativo contingente al ingreso. Esta decisión debería

pensarse. Su adopción no incumbe solo a los gobiernos; también a las comunidades educativas y a la ciudadanía en general. La palabra también nos corresponde.

* Rector Universidad Pedagógica Nacional.

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