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Paz: ¿Jugando con fuego?

Escrito por Adolfo León Atehortua
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El proceso de paz seguido en Sudáfrica para la eliminación del apartheid, suele citarse como ejemplo extraordinario de paz y reconciliación. Lo fue, en efecto, pero debe examinarse en su justa dimensión. Cambió la historia del país, es cierto. Pero, a pesar de la enorme labor realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación, las expectativas sobre su papel desbordaron lo que en realidad se consiguió. Las audiencias les dieron voz a las víctimas y muchas de ellas desfilaron frente a los victimarios ante los ojos de la población. Sin embargo, no pocos actores se ocultaron, urdieron redes y ejecutaron presiones para salir incólumes, no asumieron responsabilidad y continuaron su vida ilesos, sin juicio ni prisión. No hubo voluntad política para descubrir la verdad en todos los casos, para cerrar heridas sobre grandes hechos y, finalmente, en muchos eventos la justicia quedó en deuda. La falta de información impidió que diversos sucesos fueran examinados.

Las víctimas, en gruesa magnitud, tampoco fueron reparadas y aún hoy esperan indemnizaciones o al menos una consideración especial por parte del Estado. Si bien la justicia transicional permitió volver parcialmente la página, no reparó a plenitud la fragmentación de la sociedad. Era muy difícil hacerlo. El pasado continuó viviendo en el presente; la larga duración de las mentalidades y de la cultura, como enseña el historiador Fernand Braudel, continuó expresándose en la acción de nuevas generaciones. Pero, aún más: gruesa parte de la población, que al igual que las víctimas esperaba transformaciones económicas como resultado de la negociación, se desengañó demasiado pronto cuando la desigualdad, la pobreza y el hambre no fueron corregidos. El conflicto tomó otros cauces y no logró erradicar absolutamente la violencia.

El proceso de paz en El Salvador tampoco avanzó en línea recta. Las negociaciones produjeron modificaciones en la Constitución de la República que cobijaron a las Fuerzas Armadas, la creación de una Policía Nacional Civil, reformas al sistema judicial y electoral, así como algunas medidas en el terreno de lo económico y social; todo ello bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas.

No obstante, aunque fue expedida una amnistía general para los excombatientes mediante una Ley de Reconciliación Nacional, la distribución de tierras acordada para su ubicación definitiva no operó con la rapidez anhelada y la legalización del Frente Farabundo Martí como partido político llevó más tiempo de lo esperado. Fue necesario un nuevo calendario para la continuidad del proceso, extender los plazos para ajustarse a las realidades y buscar nuevos consensos para el cumplimiento de lo firmado. Con todo, los recursos no fueron suficientes. Si bien se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se fortaleció la Policía, las transformaciones económicas y sociales tampoco llegaron.

En Guatemala, la ruta para los acuerdos fue difícil. El presidente Vinicio Cerezo, quien inició las reformas necesarias para garantizar los derechos humanos y la vida de los detenidos, conforme a lo pactado en Esquípulas, y que además creó la Comisión Nacional de Reconciliación para propiciar el Diálogo Nacional, soportó dos intentos frustrados de golpe de estado en 1988 y 1989, mientras su sucesor, Jorge Serrano, motivó un fracasado autogolpe para concentrar en sus manos todo el poder. Al final, si bien se reconocieron reformas constitucionales, el acuerdo con las fuerzas insurgentes no fue refrendado por el voto popular y las reformas sobre las normas y situaciones socioeconómicas que generaron el conflicto continuaron a la espera.

Por supuesto, el breve espacio de la presente columna no permite un mayor análisis sobre a los procesos. Sin embargo, lo dicho nos permite concluir: 1. El camino para los acuerdos de cruentos conflictos entre Estados y fuerzas insurgentes, es sinuoso, difícil, sujeto a innumerables e inesperados tropiezos. No todos los actores se resignan a perder los beneficios obtenidos con la guerra, no todos abandonan su postura de odio y retaliación. 2. Para salvar cada obstáculo, es necesaria la voluntad política de quienes componen la dirección del Estado y el apoyo popular. De lo contrario, la implementación de los acuerdos se reduce y los grandes temas que decidieron la persistencia de la confrontación no logran expresarse con resultados concretos de transformación.

La historia, con las correspondientes particularidades, parece repetirse en Colombia. El camino para los acuerdos y su implementación se torna cada vez más difícil. Por un lado, la reincorporación de las fuerzas insurgentes parece irreversible por la voluntad y convicción de ellas mismas, más que por la aceptación plena del espectro político nacional. Pero, por el otro, el ambicioso proceso de reconstrucción del Estado y la nación, de reconocimiento a nuevas fuerzas políticas, de transformación social del país, intenta extraviarse en los vericuetos de la tecnocracia del Estado y en la oposición, incluso violenta, de actores del conflicto que se niegan a aceptar la posibilidad de una reconciliación para Colombia, de implementaciones que modifiquen las realidades sobre importantes aspectos como la propiedad de la tierra y la inequidad en los esquemas distributivos de la economía.

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