Columnistas
Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Columna: Adolfo León Atehortúa Cruz

Rector Universidad Pedagógica Nacional

Al inicio de labores escolares en el calendario A, resulta oportuna la reflexión sobre un tema de importante trascendencia: ¿Es pertinente dejar tareas para que nuestros alumnos las realicen en casa? Para responder el interrogante debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la opinión de un número significativo de expertos.

La lista puede encabezarse con Alfie Kohn y su libro El mito de los deberes(2013). La conclusión de su investigación es contundente: las tareas no promueven la autonomía ni generan buenos hábitos de estudio; no proporcionan beneficios académicos para los alumnos de primaria y no son recomendables para los estudiantes de secundaria. Por el contrario, pueden conducir a que niñas y niños adopten una actitud negativa hacia el colegio y el aprendizaje, o a la extinción de la curiosidad infantil.

Una cantidad inusitada de lectores comentó a través de las redes sociales y de diversos correos electrónicos mi última columna sobre la vigencia o no de las tareas escolares para el hogar. El hecho, por sí mismo, evidencia la importancia del tema y su debate; la necesidad imperiosa de abordarlo. En honor y por respeto a ello, quiero responder ahora algunas de sus inquietudes.

En 1994, la llamada “Misión de sabios” propuso, entre diversas tareas para alcanzar el desarrollo en Colombia, adoptar una política de Estado que impulsara a largo plazo el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, como sucedió con la mayoría de sus propuestas, se hizo exactamente lo contrario: leyes, planes e incluso documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (documentos Conpes) cayeron al vacío o tropezaron con una voluntad política ajena a los compromisos presupuestales.

Mediante Sentencia C-699 del 13 de diciembre de 2016, la Corte Constitucional dio aval a la vía rápida legislativa para abreviar los trámites de las normas de paz y le reconoció facultades amplias al Ejecutivo en esta materia. El procedimiento aprobado, conocido como fast track, fue admitido por la Corte con el loable argumento, descrito en dicha sentencia, de que “su objetivo es lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional” y “constituye un mecanismo especial, excepcional y transitorio de reforma”.

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